Un total de de 685 internos murieron, por diversas razones y circunstancias, en las cárceles del país durante los últimos cinco años, según datos de Gendarmería.
La cifra de fallecimientos se desglosa en 316 a causa de alguna enfermedad, mientras que 257 murieron por riñas, 79 por suicidios, nueve por accidentes y 24 por otras razones no especificadas, de acuerdo con lo que publica este domingo El Mercurio.
"La cárcel es el mundo del silencio total. Nadie ve, nadie sabe lo que pasa. Tú puedes hablar con un funcionario, un gendarme, un cura, un preso, y nunca nadie sabe qué pasó. Es la ineficacia total del sistema de justicia", lamenta Luis Roblero, capellán nacional de Gendarmería desde 2013.
En cuanto a las muertes por agresiones en riñas, los números han registrado un aumento no menor. Si en 2013 hubo 37 decesos por esta causa, en 2017 la cifra creció a 48.
El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Joe González, apuntó en el matutino que "la violencia ha subido exponencialmente por medidas al interior que dependen del gobierno de turno, además del hacinamiento".
El tema de los suicidios también preocupa pues la Fundación Paz Ciudadana asegura que la tasa de muertes por esta razón en los centros penitenciarios es tres veces mayor que en el medio libre, principalmente -explican- debido al estrés que genera el encierro, la sensación de inseguridad, el posible abuso de autoridades y pares y la adicción a las drogas y el alcohol.
En cuanto a los fallecimientos por regiones, la Metropolitana encabeza el ranking con 275, seguida de Valparaíso (97) y el Biobío (43).
Francisca Zapata, presidenta del Regional Santiago de la Asociación de Magistrados:
“EL DISCURSO DE MÁS PENAS Y MÁS CÁRCELES ES SUPERFICIAL”
Preguntamos a esta jueza de garantía qué siente al enviar a la cárcel a un preso que saldrá peor de cómo entró.
¿Por qué Chile es el país con mayor cantidad de presos en Latinoamérica?
-La explosión carcelaria es una consecuencia directa de la implementación de la Agenda Corta, así de simple. Se legisló irresponsablemente, pues no se tomó el peso a la situación, se trabajó sin datos duros, sólo percepciones de inseguridad que, si lee el mensaje de esa reforma legal, se admite que no estaban justificadas en la realidad. Sin embargo, todos los sectores, sin excepción, se sumaron a un discurso peligrosista sin más, aumentando la sensación de inseguridad en la población.
¿Cree que es imposible la rehabilitación?
La fiscal Mónica Maldonado ha criticado a las cárceles.
-Así es. Ha hecho duros informes, de los que se deriva con nitidez que la rehabilitación no es tema en la agenda carcelaria, si es que hay una.
Me parece central superar la idea de que la cárcel es la mejor solución para enfrentar la delincuencia. El discurso de más penas y más cárceles es efectista, superficial y no se toma la molestia de averiguar las causas que gatillan un porcentaje importante de ilícitos, como los delitos contra la propiedad en el sector más joven.
Se acepta la pobreza como un escándalo social y todos los discursos trabajan la perspectiva de superación de la desigualdad.
Pero a la hora de hablar de la delincuencia se mira ese mismo sector como al enemigo, sin advertir, o sin querer asumir que la expansión del Derecho Penal en su versión más severa recae precisamente sobre éste creando, a su vez, más marginalidad y mayores niveles de exclusión.
¿En qué sentido ve entonces la delicuencia?
-En que un porcentaje importante de las cifras de delincuencia deviene de la desigualdad, pobreza, exclusión, marginalidad, falta de oportunidades y mientras no se supere ésto o al menos no se considere en las variables, el problema no mejorará.
Hay jueces de garantía que han sido muy críticos al sistema.
-Los jueces de garantía tenemos un contacto directo con los presos, no sólo en lo tocante a sus derechos procesales sino que también condiciones materiales, las que chequeamos en las visitas.
El hacinamiento y la precariedad es un caldo de cultivo de conflictos, riñas y similares. Hemos tratado de hacer lo que nos corresponde pero no ha sido nada fácil.
¿Qué le pasa a un juez cuando debe mandar a un preso a la cárcel y sabe que de allí saldrá peor?
-Sólo le puedo contestar por mí.
Llevo casi diez años de jueza de garantía.
Los cuatro primeros gocé la idea de estar “haciendo patria” al ser parte de un proceso que, según yo veía, hacía más grande y fuerte nuestra república democrática y profundizaba el estado de derecho.
Por el 2005, empezando en Santiago, conservaba el entusiasmo trabajando los nuevos modelos de gestión en la implementación más importante del proceso.
Pero hace unos meses decidí hacer el curso para Juez del Trabajo… Saque sus conclusiones.
UN PAÍS FANÁTICO DE LOS PRESOS
-En Chile existen 167 cárceles que atienden a cerca de 100 mil personas en régimen abierto, semiabierto o cerrado.
De ellos, privados de libertad hoy son 53 mil presos.
-En los últimos 10 años la población penal ha crecido de 26.871 a 50.386 en 2008.
-La tasa de presos por cada 100 mil habitantes es de 315, la más alta en Latinoamérica.
-El presupuesto de Gendarmería para el 2008 fue de 163 mil millones de pesos. Sólo el 2.4% lo destinó a rehabilitación y otro 3% a condenados en sistema abierto (más de 50 mil personas).
-La capacidad del sistema penitenciario chileno es de 31 mil plazas y su sobrepoblación general se estima en 155%.
-Para satisfacer el déficit de plazas (alrededor de 22 mil) se necesitaría construir otros siete recintos similares a Santiago 1.
-La tasa de delitos de mayor connotación social por cada 100 mil habitantes entre 1997 y2008 creció un 120%.
-Los imputados ingresados anualmente a la Defensoría Penal Pública en los inicios de la reforma procesal penal fueron 34.428. En 2008 la cifra se disparó a 296.146 casos.
-De 2.572 absueltos el año pasado, 597 estuvieron en prisión preventiva sin que se acreditara delito en su contra.
-Entre 2004 y 2008, las detenciones por drogas se triplicaron: de 12.435 a 38.224.
-Las cárceles de la Región Metropolitana concentran a 19.788 reos (37% del total nacional).
-La población penal femenina en 2008 fue de 9.378 (10% del total nacional). Esta cifra es la segunda más alta en Sudamérica tras Ecuador.
-La tasa de reincidencia en el 2001, según un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo, fue superior al 50%.
-El proceso de “Modernización del Sistema Carcelario” contemplaba la construcción de 10 nuevas cárceles con una capacidad de 16 mil plazas y una inversión total de 280 millones de dólares. Hasta la fecha sólo se han construido 6 recintos.
-El costo mensual por cada recluso en las cárceles públicas es de 242 mil pesos y en las concesionadas el promedio supera los 370 mil.
-La cárcel más cara del sistema concesionado es la de Puerto Montt, que recibe por cada interno 539 mil pesos mensuales, poco más de tres sueldos mínimos.
-En caso de que las concesionarias no completen el 90% de las plazas ocupadas por recinto, el Estado se compromete a cancelar por las vacantes que falten
-Si algún recinto concesionado se excede de su capacidad, el Estado deberá, de igual forma, cancelar una multa a los privados.
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